Superar la lógica del ladrillo
España crece, pero crece desigual, y el sector inmobiliario es una muestra más de ello. Para 2018 se prevé que el precio de la vivienda suba entre un 4% y un 6%, pero lo cierto es que el 70-80% de las compras de vivienda las realizan inversores con capital. Es decir, que la demanda que alza los precios no está viniendo de las grandes capas sociales, pues éstas están apostando por el alquiler. De hecho, gran parte de la inversión inmobiliaria va destinada a poner en mercado de alquiler estos inmuebles, especialmente en grandes ciudades, donde el turismo está ocupando barrios enteros, vaciando de vida vecinal zonas enteras (gentrificación).
Ese mito de que todo crecimiento favorece a la población se ha demostrado falso. El Foro Económico Mundial ha situado en su último estudio a España como uno de los países que, a pesar de crecer, más ha profundizado en las desigualdades*. El desarrollo urbanístico debe dirigirse con responsabilidad para que, como pasa en la economía, beneficie a toda la población y no para que las constructoras y los inversores puedan seguir sacando tajada a costa de los ciudadanos y su territorio.
A principios de esta legislatura, Sant Joan necesitaba de una reestructuración de prioridades urbanísticas. Se impulsaron los sectores más cercanos al núcleo urbano y cuyo desarrollo, además, aportaba un beneficio a todos los vecinos y vecinas del municipio, ya sea porque abría vías de conexión con la playa, mejoraba la conexión con el polideportivo o aumentaba el suelo terciario. Esta racionalización y priorización no fue nada fácil a nivel político, pues muchos seguían concibiendo el desarrollo urbanístico como una actividad económica generadora de empleo; como si el hecho de urbanizar un sector fuese a generar riqueza.
Me sigue sorprendiendo que, tras la crisis, todavía sigan existiendo políticos que entienden el urbanismo como una potencia económica y no como una herramienta de gestión del territorio. La burbuja inmobiliaria sólo benefició a especuladores, constructoras y a partidos políticos que cobraban mordidas, pero ellos siguen inmersos en la mentira que la justificó: el imaginario de la prosperidad y el pleno empleo. La realidad se evidenció en 2008 que era muy diferente: una economía cortoplacista y débil que no generaba valor añadido, que hipotecaba nuestro futuro.
Sant Joan, con su pequeño territorio, debe superar la fantasía de basar el impulso de su economía en el desarrollo urbanístico, especialmente cuando determinadas zonas del municipio todavía están abandonadas, deterioradas o sin edificar. Estos problemas hay que gestionarlos con políticas públicas que alejen a especuladores y garanticen el acceso a la vivienda. Por otra parte, es necesario apostar por un modelo productivo para el municipio más allá del ladrillo y el sector terciario. No siendo el turismo una gran apuesta, la innovación y la economía de la salud se alzan como las grandes oportunidades de nuestro pueblo, aprovechando la implantación de la universidad y de las instituciones dedicadas al desarrollo de la cuarta pata del Estado del Bienestar. Todo ello, acompañado por una apuesta por la economía azul y la recuperación de una agricultura mínima que cuide del suelo y rescate la huerta como elemento cultural y para la salud.
*Según este organismo, tras "décadas priorizando el crecimiento económico por encima de la equidad social" hemos llegado a unos niveles históricos de desigualdad de riqueza y ha provocado que los gobiernos pierdan la oportunidad de entrar en un "círculo virtuoso" donde el crecimiento hubiera permitido incluir a más personas sin ejercer presión sobre el medio ambiente o sin que esto implicara una carga para las futuras generaciones.
